jueves, 19 de noviembre de 2009

“La ‘Libertadora’ y la resistencia peronista”


Ver video en el sitio del Canal Encuentro: http://www.encuentro.gov.ar/Content.aspx?Id=1106

- Presentación -
La noche del 9 de junio de 1956, un alzamiento militar liderado por el general de división Juan José Valle intenta tomar Campo de Mayo y las principales guarniciones militares de Buenos Aires, con un solo objetivo: derrocar a la dictadura militar del general Pedro Eugenio Aramburu y permitir el retorno al país de Juan Domingo Perón.
El levantamiento, equipado con escasos recursos y mal organizado, rápidamente es sofocado. Varios de los civiles y militares complotados son capturados por las tropas del gobierno. Pero Valle logra escapar y consigue refugiarse en la casa de un amigo.
En las primeras horas del 10 de junio, el gobierno militar dicta la ley marcial, y da la orden de ejecutar a los rebeldes capturados.
En menos de 48 horas, cerca de 30 civiles y militares son fusilados.
A fin de evitar más muertes, la madrugada del 12 de junio de 1956, el general Valle se entrega a las autoridades nacionales. Esa misma tarde es condenado a muerte.
Un mes después de enfrentar el pelotón de fusilamiento, una carta al presidente Aramburu firmada con el nombre de Valle, comienza a circular por Buenos Aires:
“Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria!”

- Desarrollo -
A mediados de 1955, las disputas entre el presidente Perón y sus adversarios políticos se agudizan.
Un conflicto con la Iglesia católica, que ya lleva varios meses, actúa como detonador de la ofensiva opositora. El 11 de junio, día la celebración de Corpus Christi, los principales dirigentes del radicalismo, el socialismo y el partido demócrata progresista marchan frente a la Catedral de Buenos Aires junto a militantes católicos y a
miles de ciudadanos que no simpatizan con el gobierno.
Este acto constituye la manifestación popular más importante en contra del gobierno de Juan Domingo Perón.
Cinco días más tarde, en el mismo lugar, sectores antiperonistas de la Marina de Guerra y la Aeronáutica hacen saber su malestar con el gobierno de la manera más violenta: la mañana del 16 de junio de 1955, un escuadrón de treinta aviones bombarderos parte de la base naval de Punta Indio hacia Buenos Aires. Su intención es bombardear la Casa Rosada y forzar la renuncia de Perón.
Al enterarse de la maniobra, el ministro de Ejército, general Franklin Lucero, advierte del peligro al presidente, quien inmediatamente se refugia en los sótanos del Ministerio de Guerra, desde donde dirige el contraataque.
A las 12:40 del mediodía, el primer avión rebelde se abate sobre Casa de Gobierno, dejando caer una bomba de 100 kilos en Plaza de Mayo.
Detrás de él, varios bombarderos operan en picada, descargando bombas sobre cientos de civiles indefensos que se encuentran en ese momento en la plaza.
Una de las bombas da de lleno en un tranvía de la línea 305, y mata a todos sus ocupantes. Cuarenta de ellos son niños de primaria.
A esta altura, el aire de la plaza se vuelve irrespirable. La gente, desesperada, corre a refugiarse donde puede.
Durante cinco horas la que había sido la plaza de los “descamisados” se convierte en el escenario de un encarnizado combate terrestre. En medio del humo negro, los gritos y los cuerpos calcinados, las fuerzas leales se baten a duelo con los rebeldes.
Camiones con militantes peronistas armados con palos, piedras y armas de fuego de bajo calibre llegan de todos los confines de la ciudad para defender al gobierno.
Durante el resto de la tarde, los aviones de la Marina, desde los cielos, siguen sembrando el pánico y la muerte.
Con las últimas luces del día, los aviones rebeldes cesan el bombardeo y emprenden la retirada hacia las costas uruguayas. El plan de matar a Perón, o como mínimo forzar su renuncia, por el momento ha fracasado.
Al final de la jornada, las bombas arrojadas sobre Plaza de Mayo dejan un saldo de más de 300 muertos y el doble de heridos.
Los días posteriores al bombardeo, la tensión entre peronistas y antiperonistas se intensifica. Perón, ante una crisis política irreversible, intenta una tregua.
Una vez controlada la situación militar, el gobierno cambia de táctica y decide aumentar la presión. En un acto público frente a Casa
Rosada, Perón deja muy clara su posición ante los opositores: “Por cada uno de los nuestros cinco de ellos”.
El 16 de septiembre de 1955, un grupo de oficiales opositores a Perón toma las principales guarniciones militares de Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca. Los militares sublevados avanzan sobre los más importantes centros urbanos, poniendo en jaque al gobierno.
Una semana más tarde, el comandante militar de dicho levantamiento, teniente general Eduardo Lonardi, asume la presidencia de la Nación.
En su discurso de asunción, Lonardi hace suya una frase del general Urquiza, pronunciada cien años atrás luego de su triunfo en la batalla de Caseros: “Ni vencedores ni vencidos”.
Mientras un nuevo gobierno militar asume el poder en la República Argentina, Perón, que ha logrado escapar de la furia de sus opositores, solicita asilo político en la Embajada de Paraguay.
De esta manera, Juan Domingo Perón inicia un largo exilio que lo aleja del país por muchos años. Aunque en ningún momento su figura deja de ser uno de los ejes centrales de la política nacional.
En septiembre de 1955 se inicia en el país una dictadura militar que se da a conocer como “Revolución Libertadora”.
Entre los sectores de las Fuerzas Armadas que integran el nuevo gobierno se distinguen dos líneas políticas muy claras: por un lado está el grupo liderado por el presidente Lonardi, conformado por militares provenientes del nacionalismo católico, que buscan la conciliación con algunos sectores políticos y sindicales del peronismo,
siempre y cuando estos acepten distanciarse de la figura de Perón. Por otro lado, la línea “dura” de las fuerzas armadas, representada por el vicepresidente, el almirante Isaac Rojas, propone una visión mucho más negativa del peronismo: afirma que este desvió al país de su tradicional línea histórica liberal y democrática, e instaló en su lugar una tiranía de tipo fascista, sostenida mediante la manipulación y el engaño del movimiento obrero.
Los cuadros militares que integran la Revolución Libertadora cuentan con el apoyo de varias fuerzas políticas. Radicales unionistas, intransigentes y los principales dirigentes del socialismo vienen dando su apoyo explícito al golpe, desde mucho antes de que este se concretara.
A pocos días de asumir el poder, el sector más antiperonista de la Revolución Libertadora llama a estos partidos para que formen parte de las Juntas Consultivas. La “Junta Consultiva Nacional” es una iniciativa del vicepresidente Rojas, destinada a buscar apoyo y legitimidad política para la dictadura, y de paso, limitar el accionar del sector nacionalista del gobierno, liderado por el presidente Lonardi.
Si bien varios dirigentes radicales y socialistas participan en un principio de las Juntas Consultivas, pronto, líderes políticos como Alfredo Palacios y Alicia Moreau de Justo deciden separar su imagen de la del gobierno militar, asumiendo una distancia crítica.
Durante los meses de septiembre y octubre de 1955, el ala nacionalista de la Revolución Libertadora, encarnada por el presidente Lonardi, dirige las políticas de gobierno.
A fin de generar canales de diálogo con los sectores sindicales, el gobierno militar decide no intervenir la CGT, a la vez que designa en el Ministerio de Trabajo al abogado laboralista Luis Cerruti Costa, asesor legal de varios sindicatos peronistas.
Mientras que el ala “blanda” del gobierno intenta negociar con los líderes de la CGT, comandos civiles armados, integrados por jóvenes radicales y socialistas, atacan los locales del peronismo.
Pronto, los intereses contradictorios de los sectores del gobierno aumentan la tensión política y animan a la militancia peronista a pensar en un posible contraataque.
Llegado el mes de noviembre de 1955, el sector más liberal y antiperonista del ejército desplaza a Eduardo Lonardi de la presidencia, y designa en su lugar al general Pedro Eugenio Aramburu.
Inmediatamente, el nuevo gobierno inicia una política de persecución y proscripción del partido peronista que da a conocer como “Proceso de desperonización de la sociedad”, en obvia alusión al proceso de “desnazificación” llevado a cabo por los países aliados en Alemania, tras la caída de Adolfo Hitler.
Esta política de “desperonización” incluye:
-La disolución del Partido Peronista.
-La inhibición de todos sus miembros para ocupar cargos en la administración pública.
-Y la prohibición de exhibir sus símbolos partidarios y de mencionar públicamente los nombres de Perón y Evita.
Por efecto de estas medidas, luego de diez años de saturación de imágenes y discursos peronistas, en las calles argentinas está prohibido nombrar a Perón, y en los principales medios de comunicación se hace referencia a su figura como “el tirano depuesto”.
No contento con prohibir la mención del nombre de Perón y disolver su partido, el gobierno de Aramburu decide embestir contra el último bastión de poder peronista: a pocos días de su asunción, el nuevo gobierno interviene la CGT y proscribe a todos los dirigentes sindicales que hubieran ocupado cargos a partir de 1952.
Al mismo tiempo, modifica el régimen de elecciones internas de los principales gremios, favoreciendo el control de los sindicatos por la dirigencia no peronista.
Con los principales sindicatos descabezados y sus más importantes líderes presos, o en el exilio, los sectores patronales acrecientan su poder dentro de las fábricas. Muchos empresarios aprovechan esta situación para no cumplir con los convenios colectivos de trabajo y aplican severos recortes a las conquistas laborales conseguidas
durante el peronismo. Mientras tanto, en muchas fábricas se confeccionan “listas negras” que dejan a cientos de trabajadores en la calle.
Corren malos tiempos para los obreros peronistas, el líder político al que ven como su gran benefactor está desterrado a miles de kilómetros y su regreso al país es, por el momento, imposible.
Muchas conquistas sociales, conseguidas con años de lucha y perseverancia, empiezan a diluirse ante la mirada de un gobierno que, con su indiferencia, parece consentir los abusos patronales.
Rápidamente, esta suma de injusticias enciende la mecha del conflicto obrero. Al calor de la represión y el deterioro de las condiciones de trabajo, en el interior de las fábricas comienza a gestarse un movimiento obrero clandestino, que por el momento no tiene nombre, aunque sí tiene un fin muy concreto.

La resistencia peronista
La “resistencia peronista” comienza como un movimiento inorgánico, que lleva a cabo sus acciones en los mismos lugares de trabajo. Estas acciones consisten en pequeñas maniobras individuales de sabotaje, como averiar una máquina, o formas de protesta colectiva, como detener el trabajo por un par de minutos y ponerse a silbar la marcha peronista.
Muchos de los integrantes de los grupos de resistencia comienzan a formar comisiones internas dentro de las fábricas y a tejer alianzas con otros sectores del movimiento obrero, también proscriptos por el gobierno militar.
A finales de 1956, varios miembros del Partido Comunista se suman a las iniciativas de la resistencia, y forman la Comisión Intersindical.
Con esta comisión, peronistas y comunistas intentan presionar al gobierno para que les permita participar en el Congreso Normalizador de la CGT, a llevarse a cabo en 1957.
De forma paralela a la reorganización del movimiento obrero peronista, varios militantes y ex líderes sindicales forman grupos de choque, muchas veces armados, que se dan a conocer como “comandos” de la resistencia.
Estos “comandos” llevan a cabo acciones de protesta y reivindicación del partido peronista, como volanteadas clandestinas o la detonación de artefactos explosivos de fabricación casera, bautizados popularmente como “caños” peronistas.
Uno de los principales impulsores de los “comandos” de la resistencia, es el abogado y ex diputado John William Cooke. Figura rebelde y sumamente combativa, Cooke representa la opción más revolucionaria del peronismo. Por su carácter aguerrido e intransigente, y su aguda percepción política, Perón, desde su exilio en Venezuela, lo elige como su delegado personal, y lo distingue con el cargo de “jefe de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero”.
Para la misma época en que la resistencia realiza sus primeras acciones de protesta, un grupo de militares leales a Perón planea un levantamiento armado contra el gobierno. La noche del 9 de junio de 1956, una sublevación militar, encabezada por el general de división Juan José Valle, intenta tomar la Escuela de Suboficiales de Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército de Buenos Aires, y el Regimiento número 7 de infantería de la ciudad de La Plata.
Al mismo tiempo, varios comandos civiles de la resistencia peronista inician acciones de apoyo en las ciudades de Avellaneda y Rosario, y en la provincia de La Pampa.
Este alzamiento plantea tres claras exigencias al gobierno de la Revolución Libertadora:
-el cese inmediato de la persecución al partido peronista;
-la restitución de la Constitución de 1949, anulada por el gobierno de la Revolución Libertadora, y
-la liberación de todos los presos políticos.
Dichas exigencias persiguen un único fin: crear las condiciones necesarias para el regreso de Perón a la Argentina.
Llegada la medianoche, casi todos los focos de la rebelión son reprimidos. Salvo en el caso de La Plata, donde las fuerzas rebeldes, al mando de una división entera de tanques de guerra, se traban en combate hasta altas horas de la madrugada.
El 10 de junio, el gobierno militar de la Revolución Libertadora establece la ley marcial. En las siguientes 48 horas, se llevan a cabo fusilamientos en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército y la Penitenciaría Nacional.
Para la medianoche del 11 de junio de 1956, la lista de ejecutados asciende a 16 militares y 13 civiles.
Con la intención de poner fin a las ejecuciones, la mañana del 12 de junio el general Juan José Valle se entrega a las autoridades militares.
Esa noche, en el patio de la Penitenciaría Nacional, Valle es fusilado.
Ante el fracaso de la sublevación militar, tanto Perón, que la había alentado desde el exilio, como los comandos de la resistencia que actuaron en su apoyo, abandonan la idea de la lucha armada, para volcar sus esfuerzos a la reorganización de los sindicatos.
Sólo algunos comandos aislados de origen no sindical y que responden a John William Cooke insisten en la vía del combate directo.
A partir de 1957, el gobierno de la Revolución Libertadora intenta crear las condiciones para una posible apertura política. Esa apertura implica una reforma constitucional, que anule la Constitución peronista de 1949; la normalización de la CGT y un llamado a elecciones nacionales, que permita la llegada al poder a los sectores civiles más cercanos al régimen militar.
El gobierno militar comienza a pactar con los partidos políticos no peronistas las condiciones para el traspaso del poder.
Para principios de 1957, una nueva camada de dirigentes surgidos de las segundas y terceras líneas del sindicalismo durante el último gobierno peronista, y de los cuerpos de delegados de la resistencia, comienza a recuperar lugares clave dentro de los principales gremios.
En agosto de 1957, durante el Congreso Normalizador de la CGT, se forman las “62 Organizaciones”, una red de sindicatos peronistas que reclama la dirección del movimiento obrero argentino.
Dentro de las 62 Organizaciones comienzan a perfilarse dos líneas políticas muy distintas. Por un lado, los sindicalistas “duros”, representados por dirigentes como Sebastián Borro y José Alonso,
que mantienen una fuerte actitud de intransigencia frente al gobierno y pretenden usar a las 62 Organizaciones como base de negociación para detener las políticas de persecución y proscripción peronista.
Por otro lado está la línea más conciliadora, cuyos dirigentes establecen contactos con sectores del gobierno militar, con el fin de fortalecer sus posiciones frente a una posible apertura política. Entre estos últimos sobresale la figura del líder metalúrgico de Avellaneda, Augusto Timoteo Vandor.
Con el fin de propiciar una salida democrática, el gobierno de Aramburu convoca a elecciones para una Convención Nacional Constituyente que enmiende la reforma constitucional llevada a cabo por el peronismo en 1949.
Estas elecciones actúan como una suerte de ensayo para los partidos políticos no peronistas, que rápidamente sacan a relucir sus tensiones internas. Uno de los más perjudicados es el radicalismo, que durante este período termina dividido en dos partidos: la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, más proclive a la negociación con el peronismo, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, marcadamente antiperonista y más cercana a las posiciones del gobierno militar, que sostiene la candidatura a presidente del caudillo bonaerense Ricardo Balbín.
Finalmente la convención constituyente anula todas las modificaciones instaladas por el peronismo y restablece el texto de la Constitución anterior a 1949, añadiendo únicamente el artículo 14 bis, que incluye los derechos del trabajador.
Una vez derogada la Constitución peronista, el gobierno de la Revolución Libertadora hace un llamado a elecciones presidenciales, que se llevarían a cabo en febrero de 1958.
Con el peronismo proscripto e imposibilitado de presentar listas propias, muchos ven en Ricardo Balbín al gran ganador de la contienda. Ante este escenario, Arturo Frondizi, principal opositor de Balbín y candidato a presidente por los radicales intransigentes, teje una hábil estrategia electoral.
Un mes antes de las elecciones, Rogelio Frigerio, principal colaborador del Arturo Frondizi, viaja hasta Venezuela para reunirse con John William Cooke, delegado personal de Perón. El objetivo de la reunión es negociar un pacto electoral con Perón, que permita a Frondizi ganar las elecciones bajo la promesa de levantar la proscripción del peronismo.
Pocos días antes de las elecciones, Perón, desde su exilio en República Dominicana, aconseja a sus seguidores votar por la fórmula Frondizi-Gómez.
De esta manera Perón, que en un principio había apoyado la estrategia insurreccional de los comandos de la resistencia y las repetidas huelgas de los sindicatos duros, decide prestar sus votos a Frondizi, temiendo que su no participación en los comicios termine borrándolo del mapa político.
El 23 de febrero de 1958, con el apoyo de un sector importante del electorado peronista, triunfa la fórmula Arturo Frondizi–Alejandro Gómez, con el 45 por ciento de los votos, contra el 29 por ciento de la Unión Cívica Radical del Pueblo.
Al final del escrutinio, más de 800.000 votos en blanco evidencian la ausencia de una figura política muy difícil de reemplazar.

- Cierre -
A pesar de la proscripción del partido peronista, la persecución de sus líderes sindicales y la política de “desperonización” de la sociedad impulsada por el gobierno de la Revolución Libertadora, en 1958 la figura de Juan Domingo Perón tiene tanto peso político como en los años de su gobierno.
Si bien Perón se mantendrá en el exilio por muchos años más, su legado político se verá representado por los distintos sectores del sindicalismo, por sus “delegados personales”, y por los partidos neoperonistas, que empezarán a formarse en algunas provincias.
Pero sin duda, el mayor capital político de Perón está en sus numerosos seguidores, que durante los años más duros de proscripción mantienen viva la llama de su movimiento, y siguen viendo en su regreso la gran solución para los problemas argentinos.

Historia de un país. Argentina Siglo XX – Canal Encuentro
Guión: Ezequiel Cazzola – Asesoramiento histórico: “Eternautas” – Coordinador: Gabriel Di
Meglio / Gustavo Alvarez / Juan Pablo Fasano – Coordinadora general: Jésica Tritten –
Archivo histórico documental de Canal Encuentro: Claudia Perel / María Flores / Gachi Gonzalez/Verónica Kodalle

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